Sergio Tejada tiene 32 años. Este es su primer periodo, preside la comisión que investiga la gestión de Alan García y debe formular recomendaciones para individualizar responsabilidades en los presuntos actos de corrupción entre 2006 y 2011. Este sociólogo de la PUCP no es un extraño en el Congreso. Fue asesor de la bancada nacionalista. Tal vez sea muy joven para enfrentar a tanto zorro de la política, pero no tienen con que armarle una campaña de desprestigio. A pesar de eso no le gusta mucho el fútbol, como a mí, y eso nos da la ventaja de aprovechar el tiempo del partido Perú-Bolivia para poder conversar. Eso sí, la televisión está prendida.
-Los plazos del trabajo de la Megacomisión están por vencerse. Se ha dicho que podría pedir un plazo adicional para su trabajo. ¿Cuándo vencen los plazos? ¿Y cómo están administrando su tiempo?
Si tomamos en cuenta la fecha en que se instaló la comisión tendríamos que terminar el 20 de noviembre. Pensamos que podemos llegar a esta fecha con cinco casos, que sería el 50% del encargo que nos dio el Pleno y por eso nos parecería necesaria una ampliación. Hay cierto consenso en la comisión de que es necesario porque hay casos importantes que no hemos podido tocar todavía.
-¿Cuáles son los cinco casos que tendrían listos para noviembre?
Colegios emblemáticos. Un caso en Sedapal. Hay algunos casos que estamos investigando en Agua para Todos. Los indultos y las conmutaciones de penas. Y la desaparición de pruebas en el caso Business Track.
-¿Qué les faltaría hacer?
Está el caso de Cofopri, el tren eléctrico, el presunto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial de altos funcionarios del régimen, el análisis de los decretos legislativos, entre otros.
-Y sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios, ¿han avanzado algo durante estos meses?
Sí. Mientras vamos avanzando en los casos, vamos viendo también enriquecimiento ilícito de los funcionarios que puedan estar involucrados.
-Y en este caso, ¿ya tienen alguna información que haya parecido interesante o relevante para la comisión?
Tenemos información relevante, pero todavía muy preliminar.
-En el caso de los colegios emblemáticos, que es el informe que se ha conocido, lo que les han dicho es que no se ha probado nada. Y que más bien esta comisión le está haciendo políticamente un favor al Apra porque los está limpiando. Ahora pueden decir: “Nos investigaron, no nos encontraron nada, estamos limpios”. ¿Qué responde a eso?
En el caso de los colegios emblemáticos, que ni siquiera fue uno de los grandes escándalos periodísticos en el anterior gobierno, hay más de 15 funcionarios a lo que les hemos encontrado responsabilidad. Esto aún no ha sido aprobado por el Pleno. Tendrá que aprobarse por el Pleno para que pase a otras instancias, como son el Ministerio Público y la Subcomisión de acusaciones constitucionales, de ser el caso. Pero no se podría decir que no hemos encontrado nada. Apenas con el primer caso hemos encontrado ya una serie de irregularidades.
-En el tema de colegios emblemáticos, si no se aprueba el informe por el Pleno, ¿la Fiscalía podría abocarse al conocimiento de estos hechos de oficio?
Sí, llegó un pedido de la Fiscalía a la comisión para que le remitamos el informe. Pero cuando averiguamos al parecer había habido un procedimiento que se omitió. Entonces estamos teniendo todo el cuidado del caso para que no se nos diga que estamos remitiendo un informe que no ha sido aprobado por el Pleno.
-Le podrían decir que hay funcionarios involucrados, pero no estaba el presidente, ni su ministro, entonces su trabajo es parecido al de la Contraloría. ¿Están fiscalizando a funcionarios de mando medio?
Sí, hemos establecido responsabilidades en el ex ministro José Antonio Chang, y de varios tipos.
-¿Responsabilidad penal?
Hemos encontrado, por ejemplo, que el ex ministro Chang tenía un vínculo laboral, mientras era ministro, con la Universidad San Martín. Entonces, esto ya es una infracción constitucional. Hemos encontrado también que se pudo haber favorecido a varias empresas vinculadas a la Universidad San Martín, que tenían contratos usualmente con esta, y que después entran a ganar contratos en los colegios emblemáticos. Y hemos encontrado también que a la hora de impulsar el Decreto de Urgencia 004-2010 se hace referencia a un documento sobre una situación física de los colegios que no existía. Entonces eso es falsedad genérica. Hay distintos tipos de ilícitos que hemos identificado.
-El Apra se defiende diciendo que en el caso de los colegios emblemáticos el Decreto de Urgencia 004-2010 sigue vigente y este gobierno lo está usando.
Sí, por supuesto. Un gobierno empieza con todo un aparato legal y el Apra tuvo más de 230, si no me equivoco, decretos legislativos y de urgencia. Un gobierno que entra no puede revisar todos antes de actuar. Tiene que empezar a trabajar sobre la base de lo que tiene. Y los elementos de juicio para conocer qué decretos son positivos y cuáles no, no los ha tenido. Nosotros más bien le estamos proporcionando elementos de juicio al Ejecutivo.
-¿Se ha derogado el decreto de urgencia cuestionado?
No, todavía no. Pero lo que se plantea es que para el presupuesto del 2013 ya no haya más colegios emblemáticos. Y las reconstrucciones de colegios se hagan con procedimientos regulares.
-¿Sin que sean exonerados de licitación?
Exactamente.
-Sobre el presidente Garcia, ¿se le ha encontrado algún ilícito?
No. Hemos planteado una infracción constitucional por la manera como se impulsó el decreto.
-Eso es bastante subjetivo, ¿no?
Sí, hubo una discusión además sobre a quiénes alcanzaba esta infracción. Se planteó en un momento que sean las personas que lo habían impulsado, que son los que tienen un control directo sobre el asunto. Por otro lado, se planteó que sea todo el gabinete. Nos parecía excesivo y al final terminaron siendo los firmantes, donde está el ex presidente García.
-¿Por qué es importante el caso de Business Track en este momento? ¿Por qué han ido a la prisión a hablar con los autores sentenciados del chuponeo?
El caso Business Track estaba en la moción que se aprobó en el pleno del Congreso. Es decir, viene del mismo encargo que nos ha dado el Pleno. En segundo lugar, el Poder Judicial al sentenciar este caso encontró que en la pérdida de pruebas se había involucrado a una serie de funcionarios con derecho a antejuicio constitucional. Entonces ellos no podían seguir avanzando y remiten el expediente al Congreso. Y el Congreso nos lo da a nosotros como Megacomisión. Entonces por ambos lados debemos investigar este caso centrándonos en la desaparición de pruebas, pero también en todos los escándalos de corrupción que están involucrados en esos audios.
-En el caso de la desaparición de pruebas, de los USB, el Poder Judicial pide que se investigue y acuse a altos funcionarios. ¿Puede haber simultáneamente una acusación constitucional por estos temas de acuerdo a lo ya investigado por el Poder Judicial? ¿O tienen que esperar a que terminen la investigación?
Mire, no lo sé. Yo creo que tenemos que resolverlo primero a nivel de Congreso. Más bien hay rumores de que se está apelando en este caso a la parte de la sentencia que reconoce esta responsabilidad y que se incluyó en la sentencia a los autores de BTR. Con eso se pretendería retirar ese pedido al Congreso. Pero nosotros vamos a seguir de todas maneras. Es evidente que se manipularon y se perdieron las pruebas. Es evidente que ha habido interferencia política. Tenemos que determinar quiénes han estado en esa interferencia política, o qué pruebas o indicios razonables existen de ello.
-En Sedapal, ¿qué están investigando?
En Sedapal nos hemos centrado en el Sistema integral de administración comercial, el SIAC, que tiene que ver con los medidores. Es un caso de una licitación de servicios en donde uno lo que mira es cómo se ha manejado el tema de los precios, si hubo sobrevaloración, si se favoreció a una empresa, si se respetaron los procedimientos de ley de contrataciones del Estado. Es una investigación difícil de explicar porque es técnica. De igual manera los casos de Agua para Todos, lo que miramos es más o menos lo mismo. Estamos viendo Sargento Lorens en San Juan de Lurigancho, Pachacútec en Ventanilla y San Pedro de Carabayllo. En el caso de Agua para Todos, hay temas que son muy curiosos, por ejemplo el de Ventanilla, la obra Pachacútec. Es una obra que tiene mucho tiempo, que subió de 100 millones a 200 millones, y luego a 400 millones. Hoy día la empresa ha pedido resolución de contrato porque resulta que no se había garantizado la dotación de agua.
-¿Perdón?
No se había garantizado el agua.
-¿Entonces para qué era el contrato?
Para proveer de agua a una población inmensa, y no se había hecho un expediente técnico, sino se había hecho un perfil y con el perfil se había ganado la viabilidad.
-¿Y ya se gastaron 400 millones?
No, no se han gastado todavía 400 millones, pero sí han habido determinados pagos. No tengo ahora la cifra. Pero lo grave de todo esto es que se dieron una serie de dispositivos legales para que uno pudiera dar la viabilidad con simples perfiles. Muchos proyectos tendrían este problema.
-Le dirán: “Señor Tejada, lo que pasa es que usted cree en la burocracia indolente y el gobierno quería ejecutar, gastar a como diera lugar los dineros del Estado para llevarle servicios al pueblo. No me venga con tanto requisito”.
Bueno, pero los problemas se ven a la vista, saltan a la vista.
-O sea, ¿hoy no hay agua en Ventanilla a través de este proyecto?
Hoy no hay agua y van a pasar por lo menos dos años para que tengan agua si es que solucionan el problema. Incluso funcionarios de Fonafe se quejaron de que la administración no les permitía tener mayores exigencias en su control. Fonafe, que se encarga de la actividad empresarial de Estado en ese ámbito, tenía que aceptar. Y un perfil nunca es tan preciso como un expediente técnico. Un expediente técnico también trae problemas en el camino a veces porque uno se encuentra con una serie de cosas, ¡imagínate un perfil! Entonces todas las obras terminaban aumentando de precios, se generaba una serie de adicionales, de retraso, era un caos.
-Agua para Todos y Sedapal implican la responsabilidad del ministro Garrido Lecca. ¿Ha sido citado ya?
No lo hemos determinado todavía porque ha habido varios ministros en ese periodo. Hemos citado hasta el momento al ex ministro Sarmiento. Y sí es probable que citemos a Hernán Garrido Lecca.
-¿Y al señor Carlos Arana?
Ya hemos citado a Carlos Arana y tenemos que citar a algunos jefes más de Agua para Todos, porque Arana solo estuvo 14 días en el cargo. Sin embargo, la sensación que tiene todo el Perú es que él manejaba Agua para Todos.
"Hay que investigar por qué se conmutaron penas a narcotraficantes"
-Vamos al caso de los indultos y conmutaciones de penas. Está tan de moda el tema, ¿no? (Risas).
Sí. Hay tres indultos emblemáticos.
-¿Espinoza, Crousillat y Dianderas?
Sí. Hemos venido investigándolos. Pero en cuanto a las conmutaciones de penas, hay más de 5 mil conmutaciones. Y según la revisión preliminar que tenemos hay más de 3 mil que tienen que ver con narcotráfico. Entonces es importante investigar cómo se dieron y por qué dar tantas conmutaciones a narcotraficantes.
-¿Burriers? ¿Extranjeras que se deportaban o iban a cumplir sus condenas a sus países?
Pero eso no tanto como para llegar a los 3 mil. No son cosas pequeñitas. Son cosas un poquito más grandes. Entonces, eso nos ha llamado la atención, no queremos adelantar nada, pero es evidente que hay que evaluar algunos casos. Hay que tomar algunas muestras.
-Y en el caso de Crousillat, el indulto se declaró nulo. El Tribunal Constitucional lo ratificó. En el caso del Sr. Espinoza, este se estaba muriendo. Según la resolución tenía un cáncer muy avanzado. Y hasta hoy goza de muy buena salud.
Sí, yo tengo entendido que él sigue atendiendo en su consultorio, sigue dando clases.
-¿Mano santa la del presidente García?
Exactamente. Y por gracia presidencial fue retirado de un proceso penal. Ni siquiera fue sentenciado, pero sí hay gente sentenciada por el caso.
-¿Servirá, pues, para que su partido reflexione acerca del indulto también?
Bueno, creo que sí hubiéramos puesto este tema antes de Business Track habrían pensado que tenía alguna vinculación política, pero no. Y hemos priorizado Business Track por una cuestión de oportunidad. Había la posibilidad de tener las declaraciones de Giselle Giannotti, de Ponce Feijoó, de Tomasio. Y la verdad es que quisiéramos poder tenerlo lo más avanzado posible antes del 20 de noviembre.
-Regresando al tema de Business Track, me acaba de decir que para usted la interferencia política es clarísima, ¿no tiene ninguna duda sobre ella?
Es clara. Yo no creo que el Ministerio Público o algún policía por iniciativa propia cometa tantas irregularidades con las pruebas incautadas, con los procedimientos.
-Hay temas pendientes como Cofopri, tren eléctrico, enriquecimiento ilícito de funcionarios. Si no les amplían el plazo, ¿qué va a pasar con todo eso?
Hay otras comisiones más pequeñas que están investigando un solo caso y que les han ampliado ya por seis meses. Nuestra tarea es mucho más difícil. Necesitaríamos un espacio más prolongado, pero si el Pleno decidiera no darnos un plazo adicional, tendríamos que cerrar nuestra investigación y garantizar que todo esté documentado para que vaya al Ministerio Público y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
-En el caso del ex presidente García, él ha dicho ante la comisión que ha visto reducido su patrimonio, que se ha empobrecido siendo presidente del Perú.
Sí, él dijo que entró con un millón y medio de soles y salió con un millón.
-Así es.
No le preguntamos cómo entró con un millón y medio de soles.
-¿Faltó eso?
Faltó.
-¿Se puede ampliar la investigación y preguntarle de dónde sacó millón y medio de soles?
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